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Editorial del TIEMPO a propósito de los atentado al oleoducto caño limón Coveñas



“No es a punta de dinamita"

Han transcurrido ya más de 2 semanas desde el 25 de marzo, fecha en la cual un nuevo atentado dinamitero obligó a la suspensión del bombeo en el oleoducto que conecta a Caño Limón, en Arauca, con el puerto caribeño de Coveñas. El tubo, de 770 kilómetros de extensión, ha sido objeto de repetidos ataques casi desde el mismo momento de su inauguración hace algo menos de tres décadas, generando un acumulado de incalculables pérdidas económicas y ecológicas en una zona de gran diversidad.

Los culpables directos de tanta tragedia son los grupos guerrilleros, especialmente el Eln, algunos de cuyos integrantes se han especializado en poner cargas explosivas como una miope manera de agitar sus banderas. Aunque en respuesta, el país ha desarrollado sistemas para efectuar rápidamente las reparaciones necesarias, en la presente ocasión los arreglos no se han podido efectuar ante la negativa de unos cuantos integrantes de la comunidad uwa de permitir el ingreso al sitio donde ocurrió el episodio, ubicado en la vereda La China, del municipio de Toledo (Norte de Santander).

Sin entrar a discutir los méritos de dicha postura, basta decir que los daños causados en la presente oportunidad son cuantiosos. Según lo dijo ayer el presidente de Ecopetrol, hay una afectación de 1,5 millones de barriles de petróleo que no han podido ser despachados a tiempo, ante lo cual la empresa se ha visto obligada a invocar la cláusula de la fuerza mayor en el cumplimiento de ciertos contratos.

Como si eso fuera poco, la empresa Occidental se vio forzada a cancelar 500 contratos a igual número de trabajadores, debido a la parálisis obligada en el área de Cravo Norte, que el año pasado produjo 29.000 barriles diarios de crudo. Y para completar, la situación también afecta al recién estrenado oleoducto Bicentenario, que saca hidrocarburos desde el Casanare y se conecta al de Caño Limón.

Todo lo anterior exige una respuesta más efectiva de las autoridades. En el caso de los indígenas, debe entablarse un diálogo que involucre a delegados con poder decisorio y genere acuerdos satisfactorios para ambas partes, no sin antes recordar que el predio en cuestión no forma parte de un área de resguardo. Y en lo que tiene que ver con la seguridad habrá que extremar las medidas con el fin de que la probabilidad de sucesos similares se minimice.

Expresado ese deseo, es indispensable reconocer que este año ha tenido lugar menos atentados contra la infraestructura petrolera, en comparación con las cifras equivalentes para igual periodo del pasado. Hasta el 7 de abril, el acumulado iba en 38 ataques en todo el país, en comparación con 73 en el 2013. Y en lo que respecta a Caño Limón-Coveñas, la cuenta va en 19, cinco menos que doce meses atrás.

No obstante, lo deseable es que los números de tan macabra cuenta lleguen a cero. Para que ello sea así, los grupos violentos tienen que entender que nadie obtiene réditos de una práctica abominable cuyos costos son asumidos por los colombianos en general.

En especial, el Eln debe recibir el mensaje de que esta no es la manera de buscar un asiento en la mesa de la paz, pues sus integrantes asumen una responsabilidad indeleble. Y esta es tan imposible de borrar como las manchas de petróleo que han contaminado potreros, selvas y fuentes de agua, ante lo cual a la sociedad no le queda otro camino que volver a expresar un rechazo firme, dirigido a quienes creen equivocadamente que el camino de la concordia se abre a punta de dinamita.

EDITORIAL EL TIEMPO


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