Procuraduría fue vetada por el MinEducación de la reunión para buscar soluciones a la crisis del PAE
En la sede del Ministerio de Educación se desarrolló una reunión encaminada a estudiar alternativas frente a la grave crisis del PAE, con presencia de la Federación Nacional de Departamentos, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y gobernadores delegados, pero sin presencia de la procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, Ilva Myriam Hoyos (quien estaba en el lugar), por orden directa del Despacho de la ministra Gina Parody.
Por directriz de la ministra de Educación, Gina Parody, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, a pesar de estar en el lugar, fue vetada, impidiéndose su acceso a la reunión que a esta hora se desarrolla para buscar alternativas frente a la grave problemática del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a nivel nacional, y de la que sí hacen parte el director de la Federación Nacional de Departamentos y representantes de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y gobernadores delegados en la pasada cumbre realizada en la ciudad de Bogotá.
Dicha reunión fue concertada por todos los participantes de la pasada cumbre, incluyendo a la Procuraduría, pero en esta oportunidad se excluyó la posibilidad de que interviniera la delegada del ente de control, quien ha hecho un acompañamiento permanente en procura de encontrar soluciones y garantizar los derechos fundamentales de niños, jóvenes y adolescentes afectados por las reiteradas fallas del PAE.
Es inconcebible y muy grave esta exclusión de la intervención y participación activa en una política pública en la que la Procuraduría General de la Nación ejerce su función de acompañamiento y vigilancia preventiva consagrada en la Constitución Política de Colombia.
Recientemente la Procuraduría formuló advertencias en la materia y solicitó al Ministerio de Educación y demás entidades competentes asumir su responsabilidad ante las problemáticas del PAE y adelantar las acciones necesarias en defensa de los derechos de los beneficiarios de este programa.